Fiscalía imputa a empresarios

Uno de los acusados  quedó detenido  en la DIJ y a otro se le dictó impedimento de salida del país por irregularidades en la compra de granos.
La fiscalía anticorrupción tiene programada la indagatoria a cuatro empresarios vinculados con la compra de arroz al PAN
El escándalo en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) produjo ayer dos nuevos imputados: el empresario Moisés Navarro Paz, que quedó detenido; y el comerciante Manuel Ríos Correa, a quien se le dictó una medida cautelar de impedimento de salida del país.
Las medidas fueron dictadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Nahaniel Murgas, en medio de las indagatorias que inició esta semana como parte del proceso que se le sigue al exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén por supuestos sobrecostos y estafa en la compra de granos para escuelas de difícil acceso.
Fuentes judiciales informaron que al empresario se le formularon cargos por peculado, corrupción y estafa agravada, acción que se sustenta en que después de las ventas que hizo su compañía al PAN sus cuentas bancarias se incrementaron en más de $1 millón.
Luego de indagar a Navarro Paz, el fiscal Murgas decretó su detención preventiva a una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.
Navarro Paz es el segundo detenido por este escándalo en el PAN, cuyo exdirector Rafael Guardia Jaén permanece detenido, con cargos de peculado, desde el 17 de noviembre pasado.
A Guardia Jaén se le han aprehendido $13 millones en cuentas de bancos locales que aparecen a nombre de sociedades y firmantes vinculados con él. Además, las autoridades detectaron que también sacó $5 millones hacia bancos en Bahamas; y le cautelaron un yate y cuatro viviendas, entre ellas, una en Costa del Este. Al mismo tiempo, el exjefe del PAN ya había pagado un millón de dólares para construirse otra mansión en Camino de Cruces, Clayton.

EL OTRO ARRESTADO Y SU VÍNCULO CON EL PAN
Moisés Navarro Paz aparece como representante legal de la compañía Constructora Botsa, S.A., que durante le administración de Rafael Guardia Jaén recibió 13 órdenes de compras por un monto de $3.1 millones para suministrar alimentos secos a nivel nacional, según datos que aparecen en la página web de la Contraloría General de la República. 
Esta compañía fue creada el 21 de mayo de 2013, exclusivamente para hacer negocios en el PAN. Tan solo el 27 de marzo de 2014; es decir, dos meses antes de las elecciones, Guardia Jaén le otorgo cinco órdenes de compras para suministrar arroz en todo el país. 
Con una rapidez inusitada, la contralora Gioconda Torres de Bianchini refrendó estas órdenes de compras, pues el aval de la Contraloría se dio el 28 de marzo de 2014. 
Cada orden de compra se hizo por $249 mil 900, monto hasta por el cual podía autorizar Guardia Jaén, quien está detenido desde la semana pasada en La Gran Joya. 
Con esta maniobra, Guardia Jaén evitó que estas órdenes de compras pasaran por el escrutinio del Consejo Directivo del PAN, integrado por los ministros de la Presidencia, Educación, Obras Públicas, Desarrollo Social y un representante de la Asamblea Nacional. 
El Decreto No. 690 del 22 de julio de 2010, que creó el PAN, señala en su artículo 3, numeral 5, que es función de este consejo “aprobar las compras cuya cuantía sea mayor de 300 mil dólares”.
COMERCIANTE CON MEDIDA CAUTELAR
La Fiscalía Primera Anticorrupción indagó el pasado martes 9 del corriente mes a Manuel Ríos Correa por la compra de arroz al PAN. Ríos Correa es representante de dos empresas que recibieron contratos con dicha entidad. 
Aparece como representante de la empresa Importadores Futuro 2001, S.A., que entre las administraciones en el PAN de Giacomo Tamburrelli (2009–2012)y Rafael Guardia Jaén (2012–2014) recibió 445 órdenes de compra por $10.8 millones, según datos de la Contraloría, que, empero, no especifican cuántas fueron en total por la adquisición de granos. 
Se destaca una orden de compra del 3 de abril de 2014, cerca del período electoral, para la compra de 7 mil 500 sacos de alimentos secos por $150 mil. 
Esa misma orden fue rápidamente refrendada por la Contraloría tres días después, el 7 de abril de 2014. 
Ríos Correa, quien fue imputado por la supuesta comisión del delito de estafa, también es dignatario de Suplidora Profesional S.A., empresa que se constituyó el 15 de enero de 2010. Esta compañía recibió contratos por más de $100 mil para suministrar artículos para el hogar. 
OTROS EN ESPERA 
Están pendientes de ser indagados por la fiscalía otros cuatro empresarios ligados con el escándalo por compra de granos al PAN, entre ellos, Desirée Aranda González, Pablo Ruiz Obregón, Praxedis Pinzón y Mara del Carmen Vergara. 
Las investigaciones de la fiscalía se originan por una denuncia interpuesta por el actual jefe del PAN, Rafael Stanziola, por supuestos  
sobrecostos y peculado en la adquisición de granos secos por $4.8 millones. 
En la denuncia, Stanziola acusó a Guardia Jaén de causar una lesión patrimonial de $1.7 millón al PAN por comprar los granos con costos por encima de los precios regulados por el Instituto de Mercadeo Agropecuario.  
La fiscalía ampliará la lista de empresarios que serán indagados por este caso, dijo una fuente.

‘La corrupción vulnera hoy nuestro sistema financiero’


El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que “la corrupción vulnera hoy nuestro sistema financiero” en referencia al dinero que podría haber entrado en bancos locales producto de la corrupción y actos ilícitos.
El superintendente dijo que la entidad que dirige inició el pasado 18 de noviembre un programa de inspecciones a bancos del sistema, algunos de los cuales han sido mencionados en las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración. 

El caso más conocido es el de Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a quien se le han cautelado cuentas por $13 millones en bancos del sistema local.

Diamond no se refirió a detalles concretos de las investigaciones que se adelantan, pero sí dijo que “en términos generales los bancos realizan esfuerzos para asegurar que el sistema para prevenir operaciones ilícitas funciona, aunque se puedan dar fallos”.
Entre los aspectos que están analizando los inspectores de la Superintendencia está la existencia en el banco de políticas de gobierno corporativo que otorguen la debida importancia a la prevención del lavado de capitales, que existan los controles internos pertinentes, que se haga la identificación adecuada de clientes de alto riesgo como aquellos expuestos políticamente, que se tenga un personal calificado y que se hagan las notificaciones a la Unidad de Análisis Financiero de manera diligente.

Imponiendo obligaciones de este tipo se intenta evitar que el dinero ilícito entre en el sistema financiero. 

Diamond dijo que en los casos que se investigan se está siguiendo la debida diligencia y que si se determina que hubo deficiencias e incumplimientos de la normativa “tomaremos las medidas que correspondan”.

0/Comments = 0 Text / Comments not = 0 Text

Su opinión es importante, lo invitamos a compartir sus comentarios

Su opinión es importante, lo invitamos a comentar al final de la publicación y compartir en las redes sociales