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Friday, 22 May 2015

Gabriel Btesh y Fotis Lymberópulos, bajo la lupa

Por lo menos, tres empresas vinculadas a Gabriel Btesh, del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, fueron beneficiadas con millonarios contratos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) para cuestionados vuelos en helicópteros.
Un informe de la Contraloría General revela que una empresa vinculada a Fotis Lymberópulos –amigo personal del exministro Guillermo Ferrufino– reportó horas de vuelo que no coinciden con los registros de la Autoridad Aeronáutica Civil.

En el escándalo del pago de horas de vuelo de helicópteros del Programa de Ayuda Nacional (PAN) –cuyo perjuicio al Estado fue calculado por la Contraloría General en 10.1 millones de dólares– surgen dos nombres conocidos: Gabriel Gaby Btesh y Fotis Lymberópulos.

La Contraloría determinó que las sociedades mayormente beneficiadas fueron cuatro: Cabin Corp.; Heliflight Panamá, S.A.; Angels Wings Life Team Inc. y Level One Venture Everlast Aviation (Love Aviation Inc.).Los nombres de estos empresarios aparecen en la auditoría remitida este miércoles por la Contraloría a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en la que se destaca que sociedades vinculadas a ambos fueron beneficiadas principalmente por cinco exministros con repetidas contrataciones entre 2010 y 2014.

Btesh, el conspicuo miembro del “círculo cero” de Martinelli –como lo identificara en su momento el ahora presidente Juan Carlos Varela– es vinculado a dos sociedades: Angels Wings Life Team Inc. y Cabin Corp.

Btesh es empresario, pero descuella por su vinculación con sonados escándalos. Por ejemplo, el del terreno de Paitilla –que se había cedido gratuitamente al florista César Segura–; el polémico viaje de Martinelli a Cerdeña (Italia) –que pagó Valter Lavítola– o el contrato de los estacionamientos en el aeropuerto de Tocumen, al que renunció tras el cambio de gobierno.

Angels Wings Life Team surgió a la vida jurídica en noviembre de 2009 y 6 meses después Btesh se convirtió en dignatario de la sociedad,  
según consta en el Registro Público, y casi de inmediato fue reemplazado en la directiva por su habitual abogada, Aliedsabel González.


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Gabriel Btesh y Fotis Lymberópulos, bajo la lupa
Aunque se desconoce cuánto facturó esta sociedad al PAN, sí es un hecho que Cabin Corp. –la otra sociedad vinculada a Btesh– sobrepasó los 3.9 millones de dólares en contratos, según el informe de la Contraloría.
En Cabin Corp., aparece como presidente y secretario José Rodríguez González, piloto personal de Btesh y esposo de Rita Fundora, una funcionaria contratada como asistente ejecutiva del PAN, pero que se desempeñó como jefa de Compras de la institución, con un salario de 2 mil 500 dólares mensuales. “Ella era la encargada de hacer estas contrataciones y así favoreció a su propio esposo”, afirmó una fuente oficial que prefirió el anonimato.

Fundora fue de las beneficiadas con los indultos de último momento que firmó el expresidente Ricardo Martinelli, aunque luego fueron revocados por Varela.  
La fuente reveló que Rodríguez González también estuvo al frente de las remodelaciones del edificio donde operaba el PAN, cuya propiedad es atribuida a Btesh.
Una investigación de este medio descubrió que los contratos de remodelación y adecuaciones por 800 mil dólares fueron realizados por Constructora 4S, y según un informe de la Contraloría, esta sociedad logró amasar, al menos, 3.2 millones de dólares entre mayo de 2013 y julio de 2014, solo en contratos con el PAN.
Una tercera sociedad, de las cuatro que recibieron la mayor contratación de horas de vuelo de helicópteros, también podría estar vinculada a Btesh: Level One Venture Everlast Aviation, investigada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

Y es que esta sociedad tiene los mismos directores que Angels Wings Life Team: Josefa de Rodríguez, Isaías Ibarra y Manuel González.

VIEJO ‘AMIGO’
Otro de los que enlaza el entramado del escándalo de las horas de vuelo de los helicópteros es Fotis Lymberópulos, viejo “amigo” del exministro de Desarrollo  Social Guillermo Ferrufino.

Esta amistad fue mutuamente provechosa. Por un lado, empresas de Lymberópulos recibieron 4 millones de dólares en contratos directos a través del PAN, y por el otro, el empresario emitió cheques de la sociedad Heliflight Panamá, S.A., para la compra de una finca en La Chorrera que aparece a nombre de Milena Vallarino, esposa de Ferrufino, investigada por la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Ferrufino, confinado en una celda de la Policía Nacional, es investigado por peculado y enriquecimiento injustificado.

Se intentó obtener la versión del abogado de Ferrufino, Luis Carlos Cabezas, sobre la auditoría, pero su teléfono permanecía apagado.

El exdirector del PAN Rafael Guardia confesó que Heliflight Panamá “siempre le prestaba servicio al Ministerio de Desarrollo Social” por solicitud de Ferrufino.
En todos los casos, el alquiler de las naves se facturaba en unos 3 mil dólares la hora, a pesar de que el precio promedio en el mercado es menor en unos dos tercios.

Todos los contratos fueron refrendados sin objeción alguna por la entonces contralora, Gioconda de Bianchini.

BAJO LA LUPA
La investigación de la Contraloría determinó que los entonces titulares de los ministerios de Desarrollo Social (Guillermo Ferrufino), Salud (Franklin Vergara y Javier Díaz) y Desarrollo Agropecuario (Emilio Kieswetter y Óscar Osorio), trasladaban fondos al PAN para que Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia –hoy exdirectores de la entidad– emitieran órdenes de compra y contratos a favor de esas empresas.

Las excusas utilizadas para hacer estas contrataciones fueron el traslado de funcionarios para evacuaciones médicas, rescate de personas y entrega de beneficios de programas sociales. De esta manera se enmascaraba la lesión al Estado que, como se dijo, la Contraloría calcula en más de 10 millones de dólares.

Los resultados de la auditoría determinaron que la lesión se produjo por registrar horas de vuelo sin realizar o alteradas, que no coinciden con los registros de la Autoridad Aeronáutica Civil.

Para llegar a esa conclusión, se analizaron los desembolsos efectuados para la contratación de los servicios de alquiler, bitácoras de vuelo de las aeronaves, registro de control de vuelos, contratos, órdenes de compras y convenios efectuados con las empresas beneficiadas.

Sobre estos señalamientos, el exministro de Salud Javier Díaz dijo: “tengo entendido que todos los vuelos tenían bitácora y estaban bien tramitados. Yo no conozco a los dueños de las compañías y esas contrataciones las hicieron en el PAN”.

Justificó los contratos al indicar que el Minsa no puede demorar en hacer licitaciones para traslados de pacientes. Y, al paso, salió en defensa de su excolaboradora Adelys Varela, al indicar que eran trámites “meramente administrativos” realizados por la oficina que manejó [Ramón] Cuervo y que en ocasiones este era reemplazado por el viceministro Serafín Sánchez.

Sánchez, a su turno, indicó: “mi trabajo era técnico y no las contrataciones. Eso le correspondía al ministro [Díaz]. En el momento en que me llamen las autoridades contestaré todas las preguntas como lo hice en abril pasado a la Contraloría”.

Por su parte, Varela evitó responder, al indicar que su abogado se lo prohibió.
En tanto, Kieswetter reveló que hace 15 días asistió a la Contraloría para justificar 8 vuelos que realizó, aunque consideró que los montos eran elevados.  

“Cuando pedí una cotización de los vuelos a la empresa, esta nunca me los envió, pero luego me llegó la cuenta del PAN, con montos elevados y dije esto no lo uso más y preferí usar el carro”, expresó Kieswetter.

MÁS FUNCIONARIOS
Pero ellos no son los únicos involucrados. También están el exadministrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Franklin Oduber; el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) Arturo Alvarado, y la exsecretaria del Ministerio de Salud Adelys Varela.

Oduber dijo a este medio que desconoce el informe de la Contraloría, pero indicó que los vuelos realizados durante su administración están “documentados y en orden”.
En tanto, el exdirector de Sinaproc Arturo Alvarado no devolvió los mensajes dejados ayer en su celular.

El asesor jurídico de la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría, Ariel Ruiz, afirmó que estos funcionarios usaron el presupuesto de las entidades donde trabajaban para “desviar” fondos al PAN y evitar la fiscalización de la Contraloría.

La Prensa intentó obtener la versión de los empresarios Btesh y Lymberópulos ante los hallazgos de la Contraloría General, pero no hubo respuesta.

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