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Wednesday, 27 May 2015

“Vallarino tiene que declarar”

miércoles 27 de mayo de 2015 - 12:00 a.m.

El exdirector de Ingresos, que rinde indagatoria por el cobro de impuestos morosos, responsabiliza del modelo de pagos a sus superiores


El representante legal del exdirector de Ingresos Luis Cucalón solicitó ayer al Ministerio Público (MP) que cite a sus antiguos superiores en el Ministerio de Economía y Finanzas Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia, actual responsable de la cartera, para que deslinden sus responsabilidades en el entramado de corrupción tejido alrededor de la empresa gestora de cobros Cobranzas del Istmo, S.A. durante la pasada administración de gobierno, actualmente bajo investigación.
También deberán comparecer ante el MP la excontralora General de la República Gioconda Torres de Bianchini, quien junto a Cucalón y Magaly Ramos, en representación de la empresa, firmó el contrato de cobro de impuestos morosos.
Frank De Lima, quien en septiembre de 2011 reemplazó a Vallarino en la cartera de Economía y Finanzas, tras la ruptura de la alianza del Gobierno, también fue señalado en el expediente, según detalló el abogado, tras el segundo día de interrogatorio de su cliente, ya bajo detención preventiva.
Todos ellos estuvieron involucrados en la contratación de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. , que perpetró, con la ayuda de funcionarios públicos, un desfalco de $47.1 millones al Estado.
Víctor Chang Castillo, abogado del exdirector de Ingresos, declaró que Vallarino deberá explicar los pormenores del contrato otorgado durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas a Cobranzas del Istmo, S.A. para atender la cartera morosa del Estado entre los años 2010 y 2014.
El abogado señaló además que, durante la indagatoria de ayer, su cliente explicó la procedencia de diez cheques que aparecen como pruebas en las investigaciones que se adelantan para identificar a los protagonistas de uno de los mayores escándalos de corrupción de la pasada administración.
'Él (Cucalón) dijo que los cheques eran compromisos personales. Había un compromiso civil entre ambas partes (Salerno y Cucalón)', aseveró el abogado.
El jurista reconoció que su defendido recibió $5.8 millones de parte de Cristóbal Salerno, a quien había favorecido al asignar a su empresa el contrato para la tercerización de cobros de los impuestos. De acuerdo con información obtenida por este diario, a Cucalón y Salerno los une una estrecha amistad desde hace muchos años, además de haber sido socios de negocios.
El viernes, cuando se espera que se produzca un careo entre las partes involucradas (Cucalón y Salerno), se determinará el origen de estos cheques, indicó el defensor del exdirector de Ingresos.
Cucalón no dijo nada sobre las acusaciones que hizo el empresario Salerno contra Ricardo Martinelli, a quien entregó un cheque por $900 mil a nombre de la empres Energía del Istmo, S.A., vinculada al expresidente, para la compra de acciones. Tampoco mencionó nada de los maletines de dinero que, según la declaración de Salerno, entregaba cada tres o cuatro meses al exgobernante, 'No mencionó al expresidente', aseguró Chan Castillo.
Para mañana se espera la comparecencia de Magaly Ramos, exgerente de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., citada ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción para rendir indagatoria sobre este caso. Y el jueves podría estar rindiendo declaración María Alessandra Salerno, apodera legal de la empresa e hija de Cristóbal Salerno.
A todas luces, Cucalón es una pieza clave en este entramado por el que durante cinco años se dirigió el cobro de impuestos. Además, era allí donde se le otorgaba el listado de las cuentas que tenía que cobrar la empresa y las comisiones que se ganaba por su gestión, incluyendo la de la empresa estatal Tocumen, S.A., por la que recibió $21 millones sin realizar ninguna gestión de cobros.
Cucalón dio detalles, asimismo, de cómo se realizaba las cobranzas de los impuestos durante su administración. El abogado sustituto de la defensa, Carlos Alberto Benítez, indicó que las órdenes de las cobranzas emanaba de los superiores del exdirector de Ingresos.
'Acordaban un monto total y la empresa se dedicaba a la cobranza', puntualizó Benítez, quien agregó que él (Cucalón) no ordenaba ninguna inspección o cobranza directa sobre los contribuyentes.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana, dijo que espera que el Ministerio Público haga su trabajo apegado a la ley para que y se descubra a todos los implicados en este escándalo. 'Que se encuentre a los responsables y se recuperen todos los dineros', dijo Castillo.
Agregó que los dineros sustraídos pertenecen al Estado y que los 21 millones que Salerno devolverá son poco comparado con la lesión patrimonial causada.
En total, Cobranzas del Istmo adeuda $47 millones que de manera ilegal ganó como comisiones y además adeuda $43 millones por una multa que se le impuso por evitar el pago de impuestos entre 2012 y 2013.
Por su parte, el abogado tributarista José Javier Rivera señaló que en primera instancia la responsabilidad de la recaudación corresponde al ministro de Economía y Finanzas, que en el momento en que se escogió a Cobranzas del Istmo era Alberto Vallarino.
A juicio del jurista, son responsables tanto los que actuaron por acción como por omisión, refiriéndose a Vallarino como ministro, a Cucalón, como director de Ingresos y a De la Guardia, quien entonces era viceministro de Finanzas.
Las responsabilidades legales sobre las recaudaciones las sustenta el Decreto Ejecutivo N° 189 del 5 de enero de 12007 y el Decreto 1190 de agosto de 2009. Estas leyes establecen que las responsabilidades primarias de las recaudaciones recaen sobre el ministro y el viceministro de Finanzas.
Durante la gestión actual, el Ministerio de Economía y Finanzas honró el pago de algunas de las facturas pendientes de Cobranzas del Istmo, por un monto que, según el propio Cristóbal Salerno, alcanzó los $7 millones, comisiones que se pagaron entre diciembre de 2014 y enero 2015, a pesar de habérsele cancelado su contrato. El propio ministro De la Guardia explicó a este diario que los pagos ya estaban aprobados y no se podían detener.
Según Sidney Sitton, abogado defensor del expresidente Martinelli, de esa cantidad, un millón fue a parar a manos de Benicio Robinson y otro a las de José Luis Varela, hermano del presidente. 'Fueron coimas', declaró en el programa de televisión 'Debate Abierto', que se emite por RPC.
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LEYES
Recovecos legales para un fraude
Cobranzas del Istmo sirvió de pantalla para ocultar una defraudación fiscal de grandes proporciones. La contratación de la empresa se sustentó sobre políticas de Estado e iniciativas legales elaboradas durante la pasada administración de gobierno (2004-2009) que posteriormente han sido consideradas fraudulentas.
En 2009 se llevó a la Asamblea y fue aprobada una ley para la tercerización del cobro de impuestos morosos que posteriormente permitió traspasar la responsabilidad de las recaudaciones a esta empresa que bajo las narices de algunos de los más altos funcionarios del Estado perpetró un desfalco por $47.1 millones.
La ley fue firmada por Frank De Lima y Ricardo Martinelli, a quien se le ha acusado de recibir jugosas sumas de dinero por su participación en este entramado de corrupción.
El pasado gobierno, además, firmó un contrato, declarado posteriormente inconstitucional, para favorecer a Cobranzas del Istmo. El contrato 100 del 25 de agosto de 2011, firmado por Luis Cucalón, Gioconda Torres de Bianchini y Magaly Ramos, en representación de Cobranzas del Istmo, S.A. fue el arma legal sobre la que se sustentó este desfalco.
El contrato establecía el monto de las comisiones que correspondían a la empresa seleccionada por Luis Cucalón.
Este aparece, junto con Martinelli y Salerno, como protagonista de esta historia. Los nombres de Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia, quienes fungieron como jefes directos de Cucalón, también salieron a relucir ayer en las indagatorias sobre el caso que investiga el Ministerio Público.
El mismo día también se mencionó a Torres de Bianchini y al exministro De Lima, quien reemplazó a Vallarino tras la ruptura de la alianza gubernamental. La gestión de Cobranzas del Istmo se cuestionó desde su origen, pero una primera denuncia formulada en 2010 aún reposa en la Sala Penal de la Corte, pendiente de resolución.

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