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Tuesday, 9 June 2015

La Corte admite causa penal contra Martinelli por los “pinchazos”

martes 9 de junio de 2015 - 12:00 a.m.En total, suman seis delitos que deberá enfrentar el exmandatario, quien ya enfrenta un caso por presunto delito contra la administración

Ricardo Martinelli se juramentó en el Parlacen el 16 de enero de 2015. Después de la sesión plenaria, partió a una gira internacional en la que pretende denunciar la persecución política del gobierno de Juan Carlos Varela. Juan Ordoñez | AFP


JUAN ORDOÑEZ | AFP

Ricardo Martinelli se juramentó en el Parlacen el 16 de enero de 2015. Después de la sesión plenaria, partió a una gira internacional en la que pretende denunciar la persecución política del gobierno de Juan Carlos Varela.

La Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria celebrada ayer en horas de la tarde, acumuló causa penal contra el expresidente Ricardo Martinelli —diputado del Parlamento Centroamericano— por los presuntos delitos contra la libertad (inviolabilidad de secreto y derecho a la intimidad), peculado, delito contra la administración pública, abuso de autoridad, contra la seguridad informática y asociación ilícita.
El Pleno, empero, no admitió el conocimiento de la presente causa contra el delito de revelación de secretos empresariales.
A la sesión se ausentó el magistrado Víctor Benavides, quien tampoco habilitó a su suplente. De los ocho magistrados que participaron, siete votaron a favor (dos de ellos con voto razonado; José Ayú Prado y Secundino Mendieta, suplente del magistrado Hernán De León, quien se encuentra de viaje), mientras que Luis Ramón Fábrega se abstuvo de votar.
Tras la decisión, como fiscal de la causa se designó al magistrado Harry Díaz y Jerónimo Mejía actuará como magistrado de garantías.
La investigación en mención no podrá dar inicio hasta contar con las observaciones y firmas de todos los magistrados, incluyendo la de Víctor Benavides, quien deberá leer y decidir sobre el proyecto, lo que podría retrasar el arranque de la pesquisa.
Una vez reunidas las firmas, la Corte deberá notificar tanto a los diez querellantes, como a la esposa del expresidente, Marta Linares, ya que Martinelli le ha transferido poder general desde que salió del país, el 28 de enero pasado.
La Corte admitió como querellantes al político del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens, a su copartidario Bernabé Pérez, a Javier Ujuleta Cortés, al constitucionalista y crítico del gobierno de Martinelli Miguel Antonio Bernal; al diputado y hermano del actual presidente de la Asamblea José Luis Varela; a Balbina Herrera, dirigente del PRD, quien irónicamente fue querellada por el propio Martinelli por el mismo delito a raíz de unos correos electrónicos que ella divulgó; a Rosendo Rivera, exabogado del mandatario; al excandidato presidencial por el PRD Juan Carlos Navarro, al doctor y crítico del gobierno pasado Mauro Zúñiga y al comunicador Rubén Polanco.
REACCIONES
El exabogado de Martinelli interpuso querella por posibles delitos de abuso de autoridad y violar su propio derecho a la intimidad o violación de la correspondencia.
El abogado narra que sospechaba que su teléfono estaba pinchado y a pesar de no tener prueba de ello, le pareció extraño que una tercera persona, allegada al expresidente, se refiriera a una conversación que había sostenido con otro colega. ‘La conversación estaba relacionada a Rodrigo Sarasqueta', manifestó Rivera.
El abogado añadió que cuando le mostraron ‘la grabación de los chats en la Fiscalía Auxiliar, confirmé mis sospechas'.
DIFUSIÓN INCÓMODA
La Corte aún no define una querella interpuesta por la diputada Zulay Rodríguez y su esposo, Álvaro Testa, cuya conversación marital fue divulgada en las redes sociales.
Rodríguez indicó a La Estrella de Panamá que espera que la ‘Corte investigue, que haga su trabajo, y que amplíen la investigación a los demás miembros del Consejo de Seguridad que pudieron ser cómplices del delito'.
Dijo que su abogado Ángel Álvarez está ampliando una querella contra Julio Moltó, quien fungió como director del Consejo de Seguridad entre julio de 2010 y marzo de 2012.
Finalmente, la diputada manifestó que espera que la Corte ‘no se maneje como estaba siendo manejada anteriormente, con una llamada del Ejecutivo para recibir órdenes'.
CORREOS INTERVENIDOS
David Cuevas, abogado del periodista del diario La Prensa Rubén Polanco, fundamentó su querella contra el exmandatario supuestamente por inducir y ejercer presión sobre sus subalternos para que violaran la intimidad de su representado.
La sustentación de Cuevas es que quien dirige el Consejo de Seguridad, adscrito a la presidencia, es el Presidente de la República. Gustavo Pérez, exdirector de la entidad, declaró ante la Fiscalía Auxiliar que mientras estaba en el Consejo de Seguridad no le tomaban en cuenta, en cambio, era un agente quien rendía informe a diario a la Presidencia, sin especificar nombres, sobre los pinchazos.
Al comunicador le intervinieron sus correos electrónicos.
Por este caso, la fiscalía Auxiliar también realizó una investigación contra dos exdirectores, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, a raíz de una querella interpuesta por Rolando López Pérez, sucesor de Garuz en el Consejo de Seguridad. Se desconoce el paradero de dos exagentes del Consejo, William Pittí y Ronni Rodríguez, desde que se iniciaron las investigaciones.
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EL CASO EN RETROSPECTIVA
Los aparatos espía
En enero del presente año, la Fiscalía Auxiliar inició investigación por los posibles delitos de violabilidad a la intimidad que respaldaba con pruebas contundentes.
Las mismas consistían en testimonios de otros agentes del Consejo de Seguridad y en chats, copias de correos electrónicos y grabaciones de voz recaudadas a raíz de los espionajes realizados por la pasada administración gubernamental que se encontraban en poder del Consejo de Seguridad una vez se relevó la administración gubernamental. Los aparatos que se utilizaron para espiar a abogados, diplomáticos, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esposas y novias de los ministros, así como a los miembros del gabinete del exmandatario, hoy no aparecen.
Uno de ellos fue adquirido con el dinero del Programa de Ayuda Nacional a un costo de $19 millones, que se sospecha se pagó con sobreprecio.
El segundo aparato, supuestamente más especializado que el primero, tenía la facultad de grabar la conversación del objetivo mientras hablaba por teléfono, también era capaz de escuchar conversaciones de la persona a través del micrófono del aparato, o mirar en la pantalla las funciones que utilizaba el blanco. Por este delito tienen medida cautelar de detención preventiva los exdirectores Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
Rosendo rivera
‘ Cuando me mostraron la grabación de los ‘chats' confirmé mi sospecha',
EXABOGADO DE RICARDO MARTINELLI
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