Política

martes 28 de julio de 2015 - 12:00 a.m.

Hoy se cumplen seis meses de su salida del país
Ismael Gordón Guerrel
igordon@laestrella.com.pa
El 28 de enero, la misma fecha en que los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia decidieron abrirle una investigación criminal por las denuncias de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), Ricardo Martinelli abandonó Panamá y hasta la fecha no ha regresado, lo que muchos consideran una ‘fuga'.
Hoy se cumplen seis meses de su salida del país. Sobre Martinelli — empresario propietario de supermercados que gobernó el país en el quinquenio 2009-2014— no pesa, hasta ahora, ninguna orden de conducción o llamado de la justicia, aunque tiene varios procesos abiertos, por lo que puede entrar y salir del país sin impedimento legal.
El exmandatario mantiene tres expedientes abiertos en la Corte, se le procesa con el Sistema Penal Acusatorio (SPA), como diputado del Parlacen, así lo establece la Constitución Política de la República.
La primera investigación —la más adelantada por la Corte—, se inició luego de que el Ministerio Público compulsó copias de las declaraciones del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, quien aseguró que Martinelli le dio la orden para aprobar de manera fraudulenta un contrato de $45 millones para la compra de alimentos deshidratados.
Consciente de que el resultado del embrollo en el que está metido le puede ser adverso, Martinelli ha ejecutado, sin éxito, acciones para desmontar lo que él llama ‘persecución política' montada por quien fuera su compañero de fórmula y ahora presidente de la República, Juan Carlos Varela. En este periodo se iniciaron todas las investigaciones.
Los abogados del exmandatario alegan que los procesos que se llevan en la Corte son nulos.
Leonardo Paul, uno de los abogados de Martinelli, ha dicho que, en criterio de la defensa, no hay lugar para los procesos porque se han iniciado investigaciones sin cumplir formalidades. Además, en un caso similar contra 34 diputados los procesos se rechazaron por considerar que no había causa penal.
El exprocurador Rogelio Cruz y el abogado Carlos Carrillo, también defensores de Martinelli, sostienen que los procesos que se sigue al expresidente están viciados.
En el mes de julio, el primer proceso contra Martinelli fue suspendido temporalmente, después de que el fiscal del caso, Oydén Ortega, presentara una advertencia de inconstitucionalidad a la Ley 55 (de blindaje) de 2012, que protege a los diputados.
Ortega solicitó, además, más tiempo para la compleja investigación. La ley que protege a los diputados limita a dos meses el tiempo que tiene la Corte para investigarlos y le puede dar un mes adicional; si no, la investigación o la causa penal se extingue.
Además del caso de la comida deshidratada, al expresidente se le investiga por escuchas telefónicas y por indultos otorgados al final de su gestión.
Tras la decisión de acumular causa penal contra el expresidente por los presuntos delitos contra la libertad (violación a la intimidad), peculado, delito contra la administración pública, abuso de autoridad, contra la seguridad informática y asociación ilícita, se designó como fiscal de la causa al magistrado Harry Díaz y Jerónimo Mejía actuará como magistrado de garantías.
En el tercer caso, los decretos del expresidente suprimían penas y exoneraban de investigación a los policías imputados por la masacre de menores en la cárcel de Tocumen (2011), a figuras que trabajaron para el Ejecutivo entre 2009 y 2014, y que estuvieron, por lo tanto, bajo órdenes del propio Martinelli. Entre los beneficiados también estaban dirigentes de su partido Cambio Democrático y exdiputados acusados de malutilizar los fondos del Estado en sus campañas de reelección.
La Corte designó al magistrado Abel Zamorano como fiscal, mientras que el juzgado de garantías recayó sobre José Ayú Prado, quien fue el último de los jueces nombrado por Martinelli en la Corte.
Se desconoce si Martinelli regresará al país por voluntad propia o si la justicia solicitará su extradición, como lo establece el Código Procesal.