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Monday, 3 August 2015

El gobierno de Martinelli se corrompió en alta mar

Nacional

lunes 3 de agosto de 2015 - 12:00 a.m.

Una denuncia de la Autoridad Marítima de Panamá saca a flote el entramado alrededor de la alteración de certificaciones para marinos

Marlene Testa
mtesta@laestrella.com.pa
El registro mercante panameño queda en entredicho tras las denuncias que alertan de la alteración de las certificaciones emitidas para la gente de mar bajo bandera del istmo.
Nueve personas, entre ellas cinco exfuncionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), han sido denunciadas por la expedición irregular de licencias durante la pasada administración de gobierno.
La denuncia penal se fundamenta en las faltas que cometieron los funcionarios que ‘delegaron sin el más mínimo cuidado y diligencia estas tareas a una empresa inexperta en el campo que omitió el debido control de fiscalización y supervisión, violando las obligaciones fundamentales y cumplimiento con los delitos descritos como infringidos'.
El exadministrador Roberto Linares, los exdirectores de Gente de Mar Roberto Vallarino Moreno y José Rogelio Hernández; la exsubdirectora de Finanzas Melsina Robles de Cozarelli y el exjefe de la oficina regional de documentación en Manila, Jorge Antonio Torres, además de Iván Karica, Jorge Ramírez Arias, Eric Guevara Villamonte, Carlos Augusto Barahona, gerente, propietario y colaboradores de Orion Maritime Trading, han sido señalados por delitos contra la administración pública, la seguridad colectiva y jurídica de los medios electrónicos y contra la fe pública.
El documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá establece que las actuaciones de estas personas permitieron que le fueran aprobadas licencias de operación a cientos de oficiales de buques panameños sin pasar las evaluaciones necesarias para ocupar los puestos para los que habían sido certificados.
Bajo la dirección de Roberto Linares, la institución preparó el camino para que el trámite de certificaciones se convirtiera en el jugoso negocio de una sola empresa y guardó silencio cómplice ante las denuncias de irregularidades en la expedición de licencias de oficiales y marinos hechas en los medios de comunicación por los gremios ligados a este sector marítimo.
ANTECEDENTES
La conducta permisiva e indebida de la institución de gobierno desencadenó en abusos, actos de corrupción y malversación de fondos, entre otros actos lesivos para la administración pública, agrega el documento legal.
La historia se empieza a escribir en 2008, cuando nace un plan piloto para ‘evaluaciones de competencia' o certificación para los títulos de marinos extranjeros. En principio, solo se emitían títulos a los nacionales y endosos a los extranjeros.
Al cambiar las reglas del juego, se delega a los centros de formación de marinos la responsabilidad de realizar la ‘evaluación de competencias' de la tripulación de los barcos con bandera panameña, el primer registro comercial del mundo.
Los assessments o evaluaciones de competencia están contemplados en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de Gente de Mar (STCW'78/95).
Este acuerdo establece que todas la administraciones marítimas del mundo deben evaluar a los profesionales del sector antes de emitir un título.
En el caso panameño, los egresados de las universidades que preparan a los marinos y oficiales, la Universidad Marítima de Panamá (UMIP) y Columbus, realizan este proceso una vez culminados sus estudios.
FLORECE UN NEGOCIO
Tres centros de formación (Maritime Training Center, Panama Maritime Training Services y Maritime Training and Certification) fueron acreditados para esta función dentro del plan piloto; sin embargo, sus permisos fueron revocados en octubre de 2010 tras llegar Ricardo Martinelli al máximo poder político del país. Desarticuladas las tres empresas primigenias del plan piloto, se consolida un monopolio alrededor de Orion Maritime Traiding, registrada al iniciarse la gestión de Linares, y la que durante cuatro años se encargó en solitario de expedir las certificaciones a los capitanes, jefes de máquinas, oficiales de cubiertas y de máquinas.
Llama la atención que la denuncia establece que fue mediante una nota simple la forma en que se delegaron las evaluaciones de competencia al nuevo centro de formación, creado el 19 de mayo de 2010.
Con solo seis meses de actividades, Orion quedó solo en el negocio.
Esta concesión se la concedió la dirección de Gente de Mar, que es un brazo operativo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y debe velar por que se cumplan las normativas en educación y titulación de los profesionales del mar, que entonces estaba a cargo de Roberto Vallarino Moreno, el mismo que suscribió las notas con las que se revocó el permiso de operación a las empresas competidoras.
Orion parece haber tenido la bendición de la administración marítima a cargo de Linares. Entre los directivos de la sociedad figuraba Melsina Robles de Cozarelli quien fungió como subdirectora de Finanzas de la institución estatal.
EL HOMBRE CLAVE
La empresa aprobaba mensualmente un centenar de licencias. Suma que se calcula en $60 millones al año, según conoció en su momento este diario. Las licencias de la gente de mar llegaron a costar entre $5,000 y $7,000, casi diez veces más del precio original.
Un detalle que salta a la luz en la denuncia es que cuando Vallarino renuncia a la dirección de Gente de Mar para ocupar el cargo de embajador y cónsul en Manila, Filipinas, los trámites para aplicar a las titulaciones fueron trasladados al centro regional de la administración panameña en este país.
Entonces, la oficina de la administración marítima panameña en Filipinas era dirigida por Jorge Antonio Torres, acusado en la denuncia de expedir licencias de oficiales y marinos con el sello de Orion.
Como resultado de una auditoría quedó en evidencia que Torres, exjefe de la oficina regional de la AMP en Manila, tenía un arreglo para falsificar los assessments '.
Este hecho, según el informe, fue evidenciado con el testimonio del funcionario filipino Enmanuel Regio, quien aceptó que Torres le pedía que falsificara la firma de uno de los técnicos evaluadores, Aldo Villarreal.
A Jorge Torres, además, se le vinculó con la manipulación del sistema que emite las licencias de los marinos.
El exfuncionario fue señalado por la Asociación de Marinos Filipinos por excluir a marinos de la lista de infractores que aparecen en la base de datos (Solexai) mediante la alteración de letras de los nombres de las personas para que el sistema los reconociera como nuevas aplicaciones y así poder emitir nuevas certificaciones.
A quien también se señala en la denuncia es al reemplazo de Roberto Vallarino Moreno en la dirección de Gente de Mar, José Rogelio Hernández, por mantener el reconocimiento a la empresa y no aplicar medidas de control, seguimiento y vigilancia a las evaluaciones de competencia, tal como lo ordena la ley.
LINARES
Linares, por su parte, se desvinculó de todo lo que tenía que ver con este centro de formación de gente de mar. En una entrevista previa con este medio dijo que ‘no tenía ninguna acción en la empresa' aunque era el máximo responsable de la administración marítima panameña y enfrentaba cuestionamientos por desatender las denuncias de alerta de los gremios ligados al sector.
Las evidencias que halló la actual administración marítima panameña, y de las que se deja constancia en la denuncia presentada, conducen a una cuenta en un banco de la localidad que presuntamente se utilizó para recibir los pagos de los ‘assessments'.
Por la forma irregular en que se tramitaron, y por la falta de un registro de las licencias emitidas por Orion durante la administración de Linares, hoy en día se desconoce cuántos de los 550 mil marinos que navegan en embarcaciones panameñas obtuvieron sus títulos de manera fraudulenta.
ESTATUS DE LA DENUNCIA
El Ministerio Público explicó que Tania Sterling, la fiscal Primera Anticorrupción, lleva este caso. Sin embargo, al existir una denuncia previa en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que interpuso la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, se solicitó la acumulación de ambos expedientes.
De aceptarse la propuesta, le corresponderá a Ruth Morcillo, fiscal Cuarta Anticorrupción, atender el caso.
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‘Como el caso Orion ha pasado a la esfera legal, prefiero que sea mi abogaba quien se pronuncie',
JORGE RAMÍREZ
PROPIETARIO DE ORION
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