Martinelli contaba con la Corte para legalizar su espionaje pol铆tico

Pol铆tica

viernes 18 de septiembre de 2015 - 12:00 a.m.

Rosendo Rivera, exabogado de Ricardo Martinelli, testific贸 ante el magistrado fiscal Harry D铆az. 
La Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente Martinelli por las escuchas ilegales. Alejandro Garuz (i) y Gustavo P茅rez (d), ambos secretarios del Consejo de Seguridad, han sido llamados a juicio. Archivo | La Estrella de Panam谩
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La Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente Martinelli por las escuchas ilegales. Alejandro Garuz (i) y Gustavo P茅rez (d), ambos secretarios del Consejo de Seguridad, han sido llamados a juicio.
Ismael Gord贸n Guerrel
igordon@laestrella.com.pa
El gobierno de Ricardo Martinelli pretend铆a promover investigaciones judiciales contra sus principales adversarios pol铆ticos usando la informaci贸n que recababa a trav茅s de las escuchas telef贸nicas ilegales desde el Consejo de Seguridad.
As铆 lo revel贸 el abogado Rosendo Rivera al magistrado fiscal Harry D铆az, en su declaraci贸n jurada de este mi茅rcoles, seg煤n relataron a este peri贸dico fuentes ligadas al caso.
Rivera asegur贸 a D铆az que la informaci贸n la obtuvo del exjefe de Turismo Salom贸n Shamah, uno de los funcionarios de mayor confianza del expresidente Martinelli. Hasta 2013, el jurista fue defensor del exmandatario.
Para llevar los casos a la justicia era imprescindible que las ‘pruebas' fuesen ‘legalizadas'. ‘En una conversaci贸n, Salom贸n Shamah me asegur贸 que el gobierno ten铆a una f贸rmula para pinchar de forma legal', cont贸 ante el despacho del fiscal.
La receta para hacer esto posible, de acuerdo con el testimonio de Rivera, pasaba por incluir los n煤meros telef贸nicos de los opositores en paquetes de solicitudes que har铆a el Ministerio P煤blico a la Corte, para que autorizase ‘pinchazos' en casos relacionados con tr谩fico de drogas y blanqueo de capitales, de acuerdo con la ley.
Seg煤n los art铆culos 310 y 311 del C贸digo Judicial (que rige en la provincia de Panam谩 todav铆a), s贸lo se puede intervenir comunicaciones por delitos de droga, blanqueo de capitales, trata de personas, extorsi贸n, secuestro y asociaci贸n il铆cita para delinquir.
Adem谩s, el art铆culo 24 de la Ley 121 de 2013 establece que la operaci贸n s贸lo durar谩 tres meses y otro per铆odo similar adicional, como pr贸rroga ‘previendo que la interceptaci贸n s贸lo sera utilizada para los prop贸sitos espec铆ficos de la investigaci贸n'.
‘La petici贸n debe hacerla el Ministerio P煤blico, cuando haya indicio de la comisi贸n de un hecho delictivo. Debe hacer una solicitud que incluya el nombre y c茅dula (de a quien se vaya a espiar), y los equipos ligados a esa persona', explica el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Ara煤z.
Seg煤n la Corte, la Sala Penal es la 煤nica facultada para ello, en lugares donde no aplica el Sistema Penal Acusatorio.
‘El Ministerio P煤blico debe aportar los datos m铆nimos indispensables para que el 贸rgano jurisdiccional acceda a autorizar la interceptaci贸n y grabaci贸n de las comunicaciones', explic贸 la Corte.
¿QUI脡N FUE?
De acuerdo con Rivera, los paquetes de solicitudes inclu铆an 煤nicamente los n煤meros y no los nombres de sus propietarios. ‘La genial idea (...) fue de Jos茅 Ay煤 Prado, me dijo Shamah', precis贸 el abogado al equipo del magistrado fiscal, relataron fuentes a La Estrella de Panam谩 .
La conversaci贸n ocurri贸 en una reuni贸n en la que el abogado le devolv铆a poderes firmados por el entonces presidente Martinelli para interponer denuncias contra la perredista Balbina Herrera, los empresarios Stanley Motta y Roberto Eisenmann, y el hoy presidente Juan Carlos Varela.
Pero el testigo y v铆ctima de los ‘pinchazos' dijo no recordar si Ay煤 Prado era para entonces procurador de la Naci贸n o si ya hab铆a sido promovido a magistrado de la Sala Penal de la Corte, ambos cargos clave para la aplicaci贸n de escuchas telef贸nicas. A los dos puestos lleg贸 nombrado por Ricardo Martinelli.
De hecho, en junio pasado Ay煤 Prado emiti贸 un voto razonado en la sesi贸n en la que la Corte, dirigida por 茅l, defin铆a la admisi贸n del expediente contra Martinelli por los pinchazos.
LOS RIESGOS DEL CASO
Seg煤n temi贸 Rivera, la confesi贸n de Shamah de que se habr铆an legalizado las escuchas irregulares que ejecutaba el Consejo de Seguridad podr铆a llevar al traste el proceso o, por otro lado, en rumbar la investigaci贸n.
Rivera ha pedido a D铆az investigar si existe o no orden judicial para la intervenci贸n de las llamadas, y si la hay, qu茅 procurador y qu茅 fiscal la pidi贸 y cu谩les magistrados la respaldaron.
Por este caso se ten铆a prevista ayer la declaraci贸n de Mauro Z煤帽iga, quien no compareci贸 por problemas de salud.
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LOS INVOLUCRADOS
El Ministerio P煤blico est谩 realizando investigaciones
  • 150 personas fueron v铆ctimas de la intervenci贸n a sus comunicaciones por parte del Consejo de Seguridad.
  • 10 personas fueron admitidas por la Corte Suprema de Justicia como querellantes en el proceso por escuchas ilegales.
  • exsecretarios del Consejo de Seguridad est谩n detenidos y est谩n llamados a juicio por el supuesto delito de la inviolabilidad a la intimidad de 150 personas.

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