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martes, 20 de octubre de 2015

El precio de las escuchas de Martinelli lo pagar谩 el Estado

Pol铆tica

martes 20 de octubre de 2015 - 12:00 a.m.

Las v铆ctimas por las intercepciones telef贸nicas de la 茅poca de Martinelli han solicitado un resarcimiento de $56 millones. 
Zu帽iga espera una indenizaci贸n de $10 millones, como m铆nimo. Archivo | La Estrella de Panam谩

ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAM脕

Zu帽iga espera una indenizaci贸n de $10 millones, como m铆nimo.

Redacci贸n La Estrella de Panam谩
periodistas@laestrella.com.pa
Cuatro de las trece personas que presentaron querellas por los pinchazos telef贸nicos en la administraci贸n de Ricardo Martinelli (2009 - 2014) solicitaron una compensaci贸n econ贸mica, por da帽os ocasionados, de $56 millones.
El expresidente Martinelli, o en su defecto el Estado, deben responder por esta suma de dinero en caso de que el juez Jer贸nimo Mej铆a lo condene por ordenar al Consejo de Seguridad Nacional (CNS) intercepciones 铆licitas para fines pol铆ticos.
Tres de las solicitudes de los querellantes fueron adheridas a la acusaci贸n que realizara el magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Harry D铆az, por el supuesto delito contra la inviolabilidad del sectreto y el derecho a la intimidad. Ellos fueron Balbina Herrera ($30 millones), Mitchell Doens ($20 millones) y el periodista del diario La Prensa Ruben Polanco ($5 millones). El abogado Rosendo Rivera present贸 acusaci贸n aut贸noma y cuantific贸 los da帽os por $955. Juan Carlos Navarro se adhiri贸 a la acusaci贸n del Fiscal, aunque no present贸 resarcimiento.
Mientras que el doctor Mauro Zu帽iga se帽al贸 que en el transcurso del proceso solicitar谩 tambi茅n una indemnizacion de un m铆nimo de $10 millones por las afectaciones ocasionadas tras las intercepciones telef贸nicas y la persecuci贸n de la que asegura fue v铆citma por parte del expresidente Martinelli.
El resto de los querellantes (Zulay Rodr铆guez, Miguel Antonio Bernal, Bernab茅 P茅rez, Javier Ujuleta, Mitchell Doens, Francisco C谩rdenas, Jos茅 Luis Varela) no han presentado solicitud de reparaci贸n econ贸mica.
Francisco C谩rdenas, expresidente del Partido Revolucionario Democr谩tico (PRD), se abstuvo de solicitar compensaci贸n, porque considera que la justicia paname帽a esta ‘enredada'. A su juicio, el proceso esta ‘sesgado y se merecen ser castigadas todas las personas que han incurrido en esta pr谩ctica', incluyendo aquellas que lo han hecho previamente.
Doens, tambi茅n miembro del PRD, justific贸 su solicitud alegando que la pr谩ctica ileg铆tima del exgobernante paname帽o afect贸 su faceta pol铆tica y sus negocios.
La indemnizaci贸n solicitada, seg煤n Doens, fue estimada por sus abogados Luis G贸mez y Roberto Garc铆a, al evaluar los da帽os pol铆ticos y laborales causados por las interceptaciones. Seg煤n Doens, entre estas oportunidaes identific贸 ‘la p茅rdida de las elecciones en 2014 y la coyuntura para aspirar a asesor o miembro de un gobierno'.
Su copartidiaria y excandidata presidencial, Balbina Herrera, asegura que, en su caso, los da帽os ocasionados por los pinchazos telef贸nicos son incalculables, por haber afectado su diginidad y vida privada.
Como producto de las escuchas telef贸nicas, fue condenada a tres a帽os de prisi贸n e inhabilitaci贸n de funciones p煤blicas por revelar correos que vinculaban al expresidente con el caso de corrupci贸n Finmec谩nica. ‘Us贸 el CSN para perseguir a sus opositores', asegur贸 Herrera.
Entre las medidas aplicadas a la excandidata presidencial estuvo la de pa铆s por c谩rcel. Y agrega que el expresidente uso t茅rminos despectivos para referirse a su persona ¿Qui茅n me devuleve la libertad de esos 32 meses, y mi honor como mujer y mi credibilidad pol铆tica? se pregunta. Herrera fue indultada por Martinelli, al final del cumplimiento de su condena.
Otro de los afectados, el periodista Ruben Polanco, considera que sus derechos humanos fueron violados sin contar las consecuencias psicol贸gicas sufridas por la constante zozobra que le provocaba el hecho de estar siendo escuchado.
Polanco se帽al贸 que en su caso fue su abogada Cecilia Torres quien se encarg贸 se estimar la indemnizaci贸n econ贸mica.
En una denuncia interpuesta, Rivera alega que el presidente viol贸 su derecho al secreto y a la intimidad contemplado en los art铆culos 167 y 168 del C贸digo Penal.
El jurista, tambi茅n exabogado de Martinelli, contact贸 a cinco peritos (psicol贸go cl铆nico y de imagen, trabajadora social, psiquiatra general y contador p煤blico autorizado) para sustentar el perjuicio econ贸mico causado a ra铆z de las intromisiones en su vida personal, profesional y familiar
EL ESTADO RESPONSABLE
Considerando que la ejecuci贸n del hecho punible se realiz贸 mientras Martinelli era presidente, el Estado paname帽o debe ser solidariamente responsable de los da帽os materiales y morales causados, sustenta la querella interpuesta por Rosendo, Rivera & Asociados. La firma de abogados respalda su postura en el Decreto Ejecutivo n煤mero 263 de 19 de marzo de 2010.
En el pasado, el Estado paname帽o tambi茅n tuvo que cancelar fuertes sumas de dinero a varios fiscales destituidos bajo la entonces administraci贸n de la procuradora y hoy diputada Ana Matilde G贸mez, luego que los afectados demandaron ante la Corte sus destituciones.
En este caso, el juez de garant铆as, Jer贸nimo Mej铆a, debe primero establecer si existen los m茅ritos suficientes para que se lleve a juicio al expresidente. Posteriormente, los magistrados de las Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben decidir si se condena o no. Solo si se condena se establecer谩n las indemnizaciones correspondientes a los afectados.
El magistrado fiscal D铆az, en su acusaci贸n, plante贸 c贸mo el expresidente cre贸 un grupo organizado para dedicarse a estas pr谩cticas usando equipos comprados con dineros estatales.
El fiscal hall贸 las pruebas suficientes para vincular como autor de este delito al expresidente Martinelli, para el que pidi贸 21 a帽os de prisi贸n.
Esta investigaci贸n estabelci贸 que hubo 150 personas que fueron afectadas por las intercepciones telef贸nicas.

APERTURA A JUICIO
Defensa de Martinelli pide anular acusaci贸n de D铆az
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli interpuso un ‘incidente de objeci贸n', contra la actuaci贸n del magistrado fiscal Harry D铆az, quien formul贸 una petici贸n de apertura a juicio por los supuestos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimimidad en el caso de las escuchas telef贸nicas.
El magistrado fiscal pidi贸 al juez de garant铆as Jer贸nimo Mej铆a ponerle fecha al acto en el que se acusar谩 formalmente al exmandatario.
El recurso de la defensa del expresidente, presidida por Rogelio Cruz, busca la nulidad absoluta de la acusaci贸n y de la petici贸n de apertura a juicio que hizo el magistrado fiscal D铆az.
El jurista alega violaci贸n de los derechos y garant铆as constitucionales. ‘Se hizo una solicitud de apertura a juicio sin hab茅rsele imputado al acusado los cargos correspondientes en la fase de investigaci贸n', explica el agogado de Martinelli.
El defensor, entre otros art铆culos y normas internacionales, explica que se infringi贸 el art铆culo 340 del C贸digo Procesal Penal que establece: ‘La acusaci贸n solo podr谩 referirse a hechos y personas incluidos en la formulaci贸n de imputaci贸n'.
Seg煤n el documento legal, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 491 del C贸digo Procesal Pena,l la petici贸n de llamamiento a juicio no procede hasta tanto el juez de garant铆as no resuelva el recurso de la defensa del expresidente.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acus贸 de deslealtad a Cruz tras resolver una recusaci贸n contra el fiscal. Advirti贸 que Cruz no pod铆a representar a Martinelli en este proceso porque no contaba con poder para hacerlo.
El jurista, por su parte, considera ‘injusta' la postura de la Corte. ‘Estoy reclamando el derecho a que lo juzgue un magistrado competente, independiente e imparcial, como lo establece la Convenci贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte lo ha negado y me ha rega帽ado', concluy贸 el jurista ante la prensa.
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EL CASO EN LA CORTE
El expresidente Martinelli enfrenta un proceso por las escuchas ilegales
  • El 8 de junio de 2015, el pleno de la Corte dispone investigar penalmente Ricardo Martinelli.
  • El 12 de agosto de 2015, se faculta al magistrado Harry D铆az para continuar los actos de investigaci贸n.
Redacci贸n: Marlene Testa / Adela Coriat

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