Se帽alan que expresidente Ricardo Martinelli viol贸 derechos humanos

ESCUCHAS TELEF脫NICAS, INVASI脫N A LA INTIMIDAD


Los delitos que se imputan al expresidente por las escuchas en su gobierno son de los m谩s graves en materia de derechos fundamentales, se帽alan expertos.

El expresidente  Ricardo Martinelli enfrenta una acusaci贸n por la supuesta comisi贸n de varios delitos relacionados a los pinchazos telef贸nicos en su gobierno.
El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta una acusaci贸n por la supuesta comisi贸n de varios delitos relacionados a los pinchazos telef贸nicos en su gobierno. 

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troiti帽o advirti贸 que los delitos por los que se acusa al expresidente Ricardo Martinelli dentro del proceso de los pinchazos telef贸nicos representan una violaci贸n grave a los derechos humanos de las v铆ctimas, a quienes se les afectaron sus derechos fundamentales.

Apunt贸 que cuando esta violaci贸n es ejecutada por una autoridad, en este caso el expresidente Martinelli, la conducta es agravada, porque act煤a al margen de los l铆mites de poder que le impone la Constituci贸n.Arosemena de Troiti帽o –electa en junio pasado como miembro de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo que asumir谩 en 2016–, indic贸 que cuando se intervienen las comunicaciones de las personas sin autorizaci贸n judicial, se violan todos los derechos humanos a la v铆ctima, quien queda “en manos de la persona que est谩 lesionando su derecho fundamental”.

La comisionada de la CIDH sostuvo que el hecho de que D铆az diga que Martinelli ten铆a todo un “aparato organizado de poder” para ejecutar las escuchas representa un grave delito, que “tiene que investigarse hasta las 煤ltimas consecuencias”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, destac贸 que despu茅s de los delitos contra la integridad f铆sica de las personas, las interceptaciones telef贸nicas son “uno de los m谩s graves [il铆citos] que hay en materia de derechos humanos”.
En este escenario, dirigentes de la sociedad civil y v铆ctimas de los pinchazos pidieron que se castigue con c谩rcel a Martinelli por la gravedad de los delitos. 
El fiscal del caso, Harry D铆az, acus贸 a Martinelli por la supuesta comisi贸n de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administraci贸n p煤blica.
'ESTA VIOLACI脫N MERECE SANCI脫N'
Dirigentes de la sociedad civil organizada, expertos en materia de derechos humanos y v铆ctimas pidieron que se castigue con c谩rcel al expresidente Ricardo Martinelli por la gravedad de los delitos de los que se le acusa y que abarcan violaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constituci贸n y leyes internacionales.
Los dirigentes se refieren a la acusaci贸n que le formul贸 el viernes pasado el magistrado fiscal, Harry D铆az ante el juez de garant铆as, Jer贸nimo Mej铆a, al expresidente Martinelli en el que lo se帽ala como el autor de la supuesta comisi贸n de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administraci贸n p煤blica.
La acusaci贸n fue presentada por D铆az tras concluir el jueves pasado la investigaci贸n por las interceptaciones telef贸nicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), que afectaron a por lo menos 150 personas en su mayor铆a opositores a su gobierno.
PIDEN SANCI脫N EJEMPLAR
“Esta violaci贸n a los derechos humanos merece la sanci贸n desde todo an谩lisis y la perspectiva de los derechos humanos, es una violaci贸n que no debe quedar impune y debe ser sancionada”, sentenci贸 Maribel Ja茅n, de la Comisi贸n de Justicia y Paz de la Iglesia Cat贸lica.
La dirigente de la sociedad civil indic贸 que el expresidente tiene que venir al pa铆s y aclarar a todos estos graves se帽alamientos del fiscal.
Roberto Troncoso, experto en el tema de derechos humanos, se帽al贸 que al exgobernante Martinelli debe responder por los delitos de los que se le acusa, ya que los cometi贸 aun sabiendo de la ilegalidad y gravedad que representaban.
“No le import贸 violentar” estos derechos consagrados en la Constituci贸n, leyes y convenios internacionales, de los cuales Panam谩 es signatario”, dijo Troncoso. 
Indic贸 que el C贸digo Penal paname帽o establece las sanciones que pueden recaer sobre Martinelli si es declarado culpable por los delitos que le endilga el fiscal de la causa.
El fiscal D铆az pidi贸 al juez de garant铆as que aplique hasta 21 a帽os de c谩rcel a Martinelli por: interceptaci贸n de comunicaciones sin autorizaci贸n judicial (4 a帽os de prisi贸n); seguimiento, persecuci贸n y vigilancia sin autorizaci贸n judicial (4 a帽os de prisi贸n); peculado de sustracci贸n o malversaci贸n (10 a帽os de c谩rcel); y peculado de uso (3 a帽os de prisi贸n).
Mitchell Doens, opositor al gobierno de Martinelli y dirigente del Partido Revolucionario Democr谩tico (PRD), manifest贸 que como una de las v铆ctimas “esperamos que el se帽or Martinelli pague con c谩rcel por la violaci贸n de los derechos humanos. Ese es el precio que tiene que pagar por todas las atrocidades que cometi贸 como primer mandatario de este pa铆s, abusando del poder durante esos cinco a帽os”.
El dirigente pol铆tico Olimpo S谩ez, tambi茅n v铆ctima de los pinchazos, indic贸 que espera que la acusaci贸n del fiscal se concrete y Martinelli pague, porque se trata de delitos muy graves contra los derechos humanos.
“No hay duda de que debe quedar no solo condenado, sino penalizado con muchos a帽os de c谩rcel. Tiene que quedarle claro a los gobernantes que nadie est谩 por encima de la ley por m谩s poder sientan que tienen en un momento dado”, se帽al贸 el dirigente perredista Samuel Lewis Navarro, otra de las figuras pol铆ticas espiadas durante la gesti贸n Martinelli.
DELITOS MUY GRAVES
El abogado Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, le da la raz贸n a las v铆ctimas y a los sectores que piden c谩rcel para Martinelli por los pinchazos telef贸nicos.
Lee recuerda que en la historia judicial este caso es uno de los m谩s graves, porque se ha podido demostrar que hab铆a todo un aparato montado para ejecutar los pinchazos.
El abogado se refiere a los se帽alamientos que hace el fiscal D铆az en su escrito de acusaci贸n de que Martinelli “estableci贸 un aparato organizado de poder, que actuaba al margen del Estado social, democr谩tico y de derecho, y a trav茅s del cual se daban instrucciones para que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, quienes ten铆an pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades, realizaran interceptaciones de las comunicaciones”.
El dirigente apunta que la actividad il铆cita que ejecut贸 Martinelli “no fue algo casual ni particular, sino contra un n煤mero considerable de personas, de dirigentes pol铆ticos, de periodistas y comunicadores sociales, de personas que influyen en la vida nacional que fueron violentadas en su intimidad con estas escuchas telef贸nicas”.
Lo dicho por Lee es respaldado por Troncoso, quien apunt贸 de que fue un espionaje sistem谩tico, lo que lo convierte en un agravante.
Troncoso destaca que los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad son de los m谩s principales en materia de derechos humanos y por lo tanto, cualquier violaci贸n a estos es considerado una falta muy grave en materia de derechos fundamentales.
CONDENAS POR ESCUCHAS
En materia de jurisprudencia es novedoso en la justicia paname帽a un proceso por escuchas ilegales contra un grupo masivo de personas, indicaron fuentes judiciales consultadas.
En manera particular se han dado investigaciones a nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas violaciones a interceptaciones de comunicaciones, consagradas en la Constituci贸n (ver relacionada).
En marzo de 1999, el abogado Santander Trist谩n Donoso denunci贸 ante las autoridades judiciales al entonces procurador de la Naci贸n, Jos茅 Antonio Sosa, por haber intervenido y divulgado una conversaci贸n telef贸nica que hab铆a sostenido con un detenido a quien le prestaba consejo legal. 
Sosa fue sobrese铆do de toda responsabilidad por la CSJ de las acusaciones que le hizo el abogado. El exprocurador interpuso luego una denuncia por calumnia e injuria contra Trist谩n Donoso.
Luego, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en representaci贸n de Trist谩n Donoso, present贸 en el a帽o 2000 una denuncia ante la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violaci贸n de los derechos humanos del abogado.
En 2005, Trist谩n Donoso fue condenado por calumnia a 18 meses de prisi贸n conmutables al pago de una multa, as铆 como indemnizaci贸n por el da帽o moral y material causado a Sosa.
En la esfera de la CIDH el caso de Trist谩n Donoso da un giro a favor del abogado cuando el 15 de septiembre de 2005, la CIDH solicit贸 al Estado paname帽o la adopci贸n de medidas cautelares.
El caso fue pasado en 2006 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta lo admiti贸 en 2007. Dos a帽os despu茅s conden贸 al Estado paname帽o por haber interceptado, grabado y divulgado la conversaci贸n de Santander Trist谩n Donoso.
Otro caso muy conocido en Panam谩 -aunque el delito no se cometi贸 aqu铆- fue la condena por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a Mar铆a del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.
La Corte colombiana determin贸 que durante la gesti贸n de Hurtado en el DAS se hicieron interceptaciones de manera ilegal, es decir, sin previa orden judicial a magistrados, periodistas y l铆deres de la oposici贸n pol铆tica.
En abril pasado la funcionaria del gobierno de 脕lvaro Uribe fue sentenciada a 14 a帽os por los delitos de abuso de autoridad en la funci贸n p煤blica, falsedad ideol贸gica en documentos p煤blicos, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiaci贸n y violaci贸n il铆cita de comunicaciones.
Hurtado no pudo acceder al beneficio de casa por c谩rcel por este proceso, porque se convirti贸 en pr贸fuga de la justicia al no acatar las 贸rdenes de las autoridades judiciales, ya que se refugi贸 en Panam谩.
A finales de noviembre de 2010, Hurtado recibi贸 asilo del gobierno de Ricardo Martinelli. Luego, en mayo de 2014, la CSJ de Panam谩 declar贸 inconstitucional el asilo a la exfuncionaria, quien se entreg贸 a las autoridades de su pa铆s en enero pasado.
ACTUACI脫N DEL FISCAL
Los argumentos que plante贸 la defensa legal de Martinelli de que el fiscal D铆az viol贸 el C贸digo Procesal Penal al obviar la fase de imputaci贸n de cargos e irse directamente a una acusaci贸n y pedido de juicio oral, fueron rebatidos por conocedores del novedoso sistema de juzgamiento.
El diputado Pedro Miguel Gonz谩lez, quien fue el fiscal en las investigaciones que se le hicieron al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, bajo el sistema penal acusatorio, dijo que hay sustento legal en la actuaci贸n del fiscal D铆az. Cit贸 el art铆culo 492 del C贸digo Procesal Penal que indica que una vez vencido el plazo de la investigaci贸n, lo que corresponde es hacer la acusaci贸n.
D铆az concluy贸 las investigaciones el jueves 8 de octubre pasado y formul贸 la acusaci贸n al d铆a siguiente.
CD: HAY TERRORISMO JUDICIAL
El partido Cambio Democr谩tico (CD), cuyo presidente es Ricardo Martinelli, se帽al贸 en un comunicado que respalda al exgobernante y manifest贸 su rechazo a lo que llam贸 “terrorismo judicial que pretende silenciar e intimidar a aquellos paname帽os que alzan su voz de protesta contra el gobierno” de Juan Carlos Varela.
Calificaron de “penosa” la actuaci贸n del fiscal D铆az, que a juicio de CD deja a Panam谩 como un pa铆s donde se viola el debido proceso y las garant铆as constitucionales.
Por su parte, Martinelli -de paradero desconocido- utiliz贸 su cuenta de Twitter para publicar la portada del diario Panam谩 Am茅rica -del cual es due帽o- con el siguiente titular: “Corte viola el debido proceso a Martinelli”. Adem谩s escribi贸: “Esto es una violaci贸n carnal sin fundamento por una persona. Falta ver si la misma es hecha por los otros. Adios SPA” (sic.).

Un derecho inalienable

El derecho a la intimidad es un derecho natural y universal del ser humano a tal punto que est谩 recogido en el art铆culo 12 de la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organizaci贸n de las Naciones Unidas en 1948: “Nadie ser谩 objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputaci贸n. Toda persona tiene derecho a la protecci贸n de la ley contra tales interferencias o ataques”.
Panam谩 es pa铆s firmante de esta declaraci贸n por lo tanto, reconoce esos derechos fundamentales a los nacionales y extranjeros que est茅n bajo su jurisdicci贸n, a trav茅s de la Constituci贸n Nacional que en su t铆tulo tercero, cap铆tulo primero, consagra en el art铆culo 29 que: “Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podr谩n ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial. El incumplimiento de esta disposici贸n impedir谩 la utilizaci贸n de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores”.
En una jurisprudencia, la Corte Constitucional de Colombia ha se帽alado que el derecho a la intimidad es inalienable, imprescriptible y solo susceptible de limitaci贸n por razones leg铆timas y debidamente justificadas constitucionalmente.
Al respecto, la organizaci贸n Human Rights, en un an谩lisis del cumplimiento del derecho a la intimidad por los Estados miembros, se帽al贸 que este derecho debe estar garantizado respecto de todas injerencias y ataques que provengan de las autoridades estatales o de personas f铆sicas o jur铆dicas. Se帽ala que el Estado est谩 obligado a adoptar medidas legislativas y de otra 铆ndole para hacer efectiva la prohibici贸n de esas injerencias y ataques y la protecci贸n al derecho a la intimidad.
El C贸digo Penal paname帽o en el t铆tulo segundo, de los delitos contra la libertad; cap铆tulo tercero sobre los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, establece penas que van desde d铆as-multas, arresto de fin de semana y hasta c谩rcel.
El art铆culo 164 destaca que quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo electr贸nico, pliego, despacho cablegr谩fico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido, ser谩 sancionado con prisi贸n de uno a tres a帽os o su equivalente en d铆as-multa o arresto de fin de semana.
El art铆culo 167 se帽ala que el responsable de interceptaci贸n de telecomunicaciones sin autorizaci贸n judicial ser谩 sancionado con prisi贸n que va de dos a cuatro a帽os de c谩rcel. El art铆culo 168, de ese mismo c贸digo, indica que quien d茅 seguimiento, persecuci贸n o vigilancia sin autorizaci贸n judicial ser谩 sancionado con dos a cuatro a帽os de c谩rcel.   

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